“¿Me vende un dulce, por favor?” La realidad laboral de Bogotá

La invasión al espacio público, el cumplimiento del código de policía, el creciente número de ciudadanos venezolanos que trabajan en la informalidad y el derecho al trabajo, son los temas que una vez más inquietan a la ciudadanía ¿cómo el distrito y las instituciones como la policía enfrentan esta problemática que durante años ha hecho parte de la realidad laboral en la capital del país?

En Bogotá, el panorama urbanístico presenta día a día seres invisibles que trabajan en calles, esquinas, transporte público y plazas de la capital tratando de conseguir un sustento que es vital para alimentar, educar y vivir dignamente. La lucha por no afectar el espacio público, evitar trabajar en las lugares donde personas ambiciosas cobran por ubicar un puesto de trabajo, exponerse a las malas miradas mientras ofrecen un producto en el Transmilenio, SITP y sobretodo, hacer valer sus derechos, es una realidad que varios colombianos afrontan para seguir sobreviviendo económicamente.

En el mes de febrero de este año, según cifras del DANE, la tasa de desempleo en el país se ubicó en un 10.8% lo que deja en evidencia que la calidad de vida de las personas va en decadencia. Teniendo en cuenta esta cifra, la venta informal es la muestra clara de que varias personas hacen parte de esa estadística y que su única salida para subsistir económicamente, es trabajar en las calles a pesar de la poca producción e ingresos que se adquieren en esta modalidad.

A la problemática de la venta ambulante en la capital se han sumado las personas provenientes de otros países especialmente de Venezuela, ellos vienen a Colombia en busca de oportunidades y también conseguir los recursos necesarios para poder emigrar hacia otras partes del mundo, pero gran parte de estos extranjeros se encuentran en el país trabajando de manera irregular. Según cifras de Migración Colombia, en lo que va de 2018 solo en Bogotá, 8 ciudadanos venezolanos han sido deportados por desarrollar actividades no autorizadas, aunque pueden ser más los que se encuentran en esta condición.

La venta informal ha generado una serie de discusiones a lo largo del tiempo, la invasión al espacio público se da cada vez más, instituciones como la policía, la alcaldía se han encargado de rescatar estos sectores donde las personas dedicadas a este modo de trabajo generan ingresos, sin embargo, con el nuevo código de policía (artículo 140), la situación se torna más compleja ya que la invasión al espacio público es causal de una multa económica.

La sentencia C-211/17 de la Corte Constitucional, que se dio luego de una demanda por parte del representante a la cámara de Bogotá Inti Asprilla contra el nuevo Código de Policía, manifiesta que se debe valorar las condiciones de las personas que viven en la informalidad, pues sus derechos no se deben vulnerar y la tarea del Distrito es garantizar reubicación y alternativas para formalizar la situación.

El exceso de fuerza y vulneración de derechos humanos por parte de la policía, ha levantado discusiones en varios sectores políticos, al expulsar a vendedores ambulantes de zonas concurridas se ha recurrido a la destrucción de la mercancía perjudicando la labor de las personas dedicadas en la venta informal. El debate aún continúa.

Espacio público y derecho al trabajo.

De acuerdo a cifras del Instituto para la Economía social IPES, de las 20 localidades que conforman la capital en 3 se encuentra la mayor parte la venta informal, Santa Fe con 10.000 vendedores, Kennedy con 4.000 y San Cristóbal con 3500. También el Boletín técnico del DANE realizado entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, Bogotá presenta una proporción de informalidad del 41,7%, es una de las ciudades con menor índice de informalidad en todo el territorio nacional pero para reducir el aumento en la capital, el IPES como entidad del distrito ha sido la encargada de presentar alternativas a los vendedores ambulantes para que la reubicación y el trabajo hacia estos trabajadores se realice la mejor manera posible, pero personas de este gremio no suelen aceptar dichas ofertas.

Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, la recuperación por el espacio público ha sido la principal meta, pero ese objetivo se ha convertido en una amenaza para las personas que se han dedicado durante años a la venta informal. A esto se le suma que luego de que se aprobara el código de policía, los uniformados al hacer respetar los andenes y calles principales de la ciudad incurren a sanciones que afectan a esta población.

Jhon Rivera hace parte de sindicato de trabajadores independientes y ha dedicado 44 años de su vida a la venta informal. Actualmente trabaja en una zona conocida por albergar una parte de la venta ambulante de la ciudad (la calle 63 con carrera 13) vendiendo dulces y cigarrillos en un coche que adaptó para poder fortalecerse económicamente. Sus papás también se dedicaron a este modo de empleo y desde hace dos años inició la lucha por hacer respetar su derecho al trabajo y guiar a las personas que han dedicado su vida a laborar en las calles para tengan en cuenta que ellos deben exigir respeto y respetar las normas para evitar inconvenientes.

Desde que inició la alcaldía de Enrique Peñalosa y luego del desalojo de los vendedores de la calle 72 en el año 2016, además de pasar por una serie de calamidades familiares, John buscó apoyo del representante a la cámara Inti Asprilla para demandar al codigo policía ante la Corte Constitucional. Después de que la sentencia reconociera que los vendedores no pueden ser sancionados, él junto con otros líderes da asesoría a los trabajadores informales para que reconozcan cuáles son sus derechos, deberes y cómo pueden enfrentar a la fuerza pública.

Por otro lado, un factor negativo que se añade a la recuperación del espacio público, son las mafias que ha denunciado la Secretaria de seguridad, Defensoría del Espacio Público, alcaldías locales y el Ipes. Se tiene conocimiento de que personas inescrupulosas se aprovechan de la necesidad económica de otras para arrendar un espacio en calles principales como la calle 72.

Aunque la alcaldía manifiesta que estas personas pueden cobrar entre $50.000 hasta $1.500.000, Jhon como líder de este gremio manifiesta que si la alcaldía tiene conocimiento de estos casos ella junto con las autoridades competentes deben actuar de manera apropiada, teniendo en cuenta que estos arriendos tienden a estigmatizar a las personas que subsisten mediante este trabajo.

La recuperación del espacio público en esta administración, han puesto sobre la mesa las discusiones acerca del derecho al trabajo a medida que se conocen casos de abuso policial y falta de garantías por parte de la alcaldía. Los vendedores ambulantes seguirán haciendo uso del espacio público, pues si el IPES da a conocer estrategias para mitigar la problemática, estas no son suficientes para las 300.000 familias que dependen económicamente de la venta informal.

Teniendo en cuenta que la sentencia C-211/17 da puntos a favor de los vendedores ambulantes, líderes de este gremio manifiestan que la política pública se debe desarrollar a nivel nacional, pues no solo los alcaldes deben velar por la recuperación del espacio público y ofrecer alternativas de trabajo, también, el Ministerio de Trabajo debe tener claro que esta es una problemática que tiene un impacto de subempleo.

Luego de la sentencia, los vendedores informales, organizaciones de derechos humanos y líderes políticos que defienden las causas sociales, exigen que se debe reformar el nuevo código de policía ya que, además de afectar el derecho al mínimo vital a este sector poblacional esto lleva a que el abuso de poder por parte de las fuerzas públicas sea constante.

¿Qué dice la policía?

La policía metropolitana de Bogotá menciona que adopta y desarrolla una política pública establecida por la Secretaría Distrital de seguridad, convivencia y justicia quien evalúa la política del espacio público, así mismo, aclara que tiene la obligación junto con el distrito de velar por la conservación y embellecimiento del espacio público. Con la sentencia C-211/17 la Policía orienta lineamientos para el control a la ocupación del espacio público, la orientación va para los policías que trabajan por la recuperación del mismo.

La institución también confirmó que han recibido capacitaciones por parte del departamento Administrativo de la Defensoría de Estado y el IPES, que realizó mesas de trabajo con los comandantes que conforman el grupo de espacio público. Aunque tienen en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional, la policía metropolitana de Bogotá ha seguido haciendo operativos sin un ente del distrito que garantiza las alternativas de trabajo para los vendedores informales.

Ahora son los venezolanos.

La venta informal se ha incrementado con la llegada de ciudadanos venezolanos, actualmente en Bogotá, la personería atiende 650 venezolanos que acuden a la entidad para pedir ayuda humanitaria luego de que el presidente Juan Manuel Santos manifestó el pasado mes de febrero que ésta junto con la defensoría del pueblo pueden ofrecer asesoría a estos ciudadanos.

Día a día es común ver a personas de esta nacionalidad en el transporte público tratando de sobrevivir económicamente en un país totalmente desconocido. Algunos ingresan con sueños que se ven frustrados debido a que varios no entran de manera regular; por lo general estas personas entran por las fronteras (Cúcuta, La Guajira) sin sellar su pasaporte, ingresan en calidad de turistas pero se pasan de la fecha límite permitida para estar en territorio colombiano o incluso por algunas de las 123 trochas que el Ejército Nacional tiene identificadas. Por lo tanto, no logran acceder a los permisos que ofrece Migración Colombia como el Permiso Especial de Permanencia PEP o no pueden solicitar la visa por la falta de dinero, es por esto que se hace cada vez más complicado encontrar un empleo formal.

Aunque en Bogotá el número de deportados por realizar actividades irregulares (gran parte son por venta ambulante) son pocos, la policía reporta a Migración Colombia cuántos venezolanos están laborando de manera inadecuada en territorio colombiano y desde este momento se inicia el proceso de verificación para tomar medidas ante esta situación que cada vez se sale de las manos al gobierno, ya que no solo es la venta ambulante de nacionales sino también de ciudadanos del país vecino.

Y la solución…

Ahora, el país enfrenta serias problemáticas, en primer lugar, la crisis social producto de alta tasa de desempleo y una cifra indeterminada de empleo informal, en segundo lugar, la grave crisis migratoria producto del conflicto socio-político en Venezuela que aumenta la informalidad y desborda las capacidades institucionales para la atención al desplazamiento del país hermano. En tercer lugar (y como problemática más compleja) está la discusión respecto al derecho al trabajo fundamentada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo los derechos sociales, económicos y culturales . Desde los sujetos se albergan para la protección de las condiciones mínimas de calidad de vida y resguardo a la dignidad.

La discusión desde lo político posee dos miradas desde lo constitucional y jurídico, el primero (como hemos expuesto hasta aquí) está en el marco de la vulneración de derechos y la inconstitucionalidad de las medidas tomadas para la atención del fenómeno social, el segundo -y en esto es importante realizar énfasis- es en las medidas que el aparataje del Estado Social de Derecho colombiano posee para la atención de un fenómeno social que cada vez crea matices de crisis social por los vendedores informales colombianos y de emergencia social por los vendedores informales venezolanos.

La apuesta por la defensa de los derechos humanos y el respeto por la dignidad humana sin distingo de nacionalidad, será la discusión que se deberá poner sobre la mesa a fin de atender un fenómeno social que cada vez más presenta visos de emergencia social, ya que estas dos partes de la sociedad se enfrentan ahora a la recuperación del espacio público (Distrito) y a las autoridades durante un día de trabajo.